Según la documentación presentada por Chega, una revisión a la Constitución de la República Portuguesa (CRP) permitiría que la "pena coercitiva de castración química o física a las personas condenadas por los tribunales portugueses por delitos de violación o abuso sexual de menores, abuso sexual de menores dependientes y actos sexuales con adolescentes", así como "la prisión perpetua para delitos particularmente graves, que se definirá en la legislación especial".

Una fuente del partido dijo a la agencia de noticias Lusa que la extirpación de los genitales de los condenados por delitos sexuales sólo se aplicaría cuando los métodos químicos resultaran ineficaces y "siempre con el consentimiento del acusado y la plena divulgación de los procedimientos", "si es aceptada por el tribunal, la castración quirúrgica tendrá un efecto beneficioso en la sentencia", lo que llevaría a una reducción del tiempo de prisión para el delincuente condenado.

La misma fuente de Chega destacó que "la castración física existe en algunos estados de América del Norte, como Texas, por ejemplo".
En diciembre de 2019, el presidente y diputado único del partido Chega presentó un proyecto de ley sobre la castración química de los pedófilos que el Presidente de la República, Ferro Rodrigues, consideró inconstitucional.

A finales de febrero Ferro Rodrigues, decidió que la propuesta Chega fuera retirada del orden del día del pleno de la Asamblea de la República a partir del entendimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, que concluyó que el proyecto de ley, "desde el punto de vista constitucional, no cumplía los requisitos".

El Consejo Superior de la Magistratura también consideró que la iniciativa Chega violaba artículos del CRP y también de la Declaración Universal de Derechos Humanos, como el derecho a la dignidad humana.

La revisión constitucional del partido Chega, encabezado por André Ventura, también incluye el llamamiento al "jus sanguinis" (derecho de sangre) en las funciones de primer ministro y ministros, cargos que sólo serían "ejercidos por personas con nacionalidad portuguesa original", es decir, personas cuyos padres son ciudadanos portugueses nacidos en Portugal.

El trabajo forzado para los presos es otra idea defendida por el único diputado de Chega y candidato a la pre-presidencia.

"Los condenados a quienes se les pueda imponer una pena o una privación de libertad podrán, en consecuencia, y si así lo impone la autoridad administrativa competente, realizar trabajos obligatorios en beneficio de la sociedad, como forma de compensar los costos inherentes a su permanencia en el sistema penitenciario", se lee en el texto.