En una nota enviada a la Agencia de Noticias Lusa, el BE dijo que la ley actual "trivializa el uso de decenas de miles de trabajadores agrícolas estacionales en condiciones de la más absoluta precariedad" que, en algunos casos, incluso encajan "en el concepto de trabajo esclavo adoptado por las Naciones Unidas y la Organización Oficina Internacional del Trabajo".

BE propone a la Asamblea de la República que recomiende al Gobierno la elaboración de "un plan nacional de formación profesional en el sector agrícola", que sea "ejecutado y supervisado por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente y Acción Climática", que contemple "buenas prácticas agrícolas" y promueva "la mitigación y la adaptación al cambio climático".

Entre las medidas enumeradas, BE quiere que los beneficiarios del apoyo garanticen sus necesidades laborales mediante contratos de trabajo, sin recurrir a la subcontratación, en el ámbito de sus solicitudes, de planes de formación profesional que se ajusten a nivel nacional para cumplir con el requisito legal de la práctica de 35 horas de formación profesional al año. En conjunto con la Autoridad de Condiciones de Trabajo, que sensibiliza sobre la "necesidad de regularizar la situación contractual de los trabajadores".