"Este aumento se produce en un contexto de deterioro del acceso a la atención sanitaria materna e infantil", declaró OVO PT en un comunicado de prensa, destacando que en 2024 se han producido repetidos cierres de servicios de urgencias de ginecología y obstetricia en varios hospitales del Serviço Nacional de Saúde, especialmente en la región de Lisboa y el Valle del Tajo.
La respuesta de OVO PT sigue a los datos recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, que informó de 252 muertes de niños menores de un año en 2024. Esto equivale a una tasa de mortalidad de 3,0 por cada 1.000 nacidos vivos, lo que supone un aumento del 20% en comparación con 2023.
La asociación expresó su "profunda preocupación" por la situación, haciendo hincapié en que "la mortalidad infantil es uno de los indicadores más sensibles de la salud general de un país."
"Es urgente que el sistema sanitario asuma sus responsabilidades y evalúe claramente sus fallos, con el único objetivo de mejorar la atención a los pacientes y sus familias", subrayó la organización. También reclamó una recopilación de datos más exhaustiva para comprender mejor las causas subyacentes de estos resultados.
Debido a la falta de datos sólidos, OVO PT cuestionó si el aumento de la mortalidad infantil y materna es consecuencia únicamente de una atención insuficiente o si también refleja "intervenciones excesivas, sin justificación médica, en las que se expone a las familias a riesgos por conveniencia o por adherirse a protocolos rígidos".
"La ausencia de datos transparentes y fiables priva a mujeres y familias de una herramienta crucial para tomar decisiones informadas, al tiempo que permite manipular a la opinión pública con estadísticas frágiles y poco fiables", añade el comunicado.
En el mismo comunicado, la asociación también exigió que se garantice a todas las mujeres embarazadas, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a un médico de familia y a un seguimiento prenatal adecuado. Advirtió de que miles de futuras madres siguen sin tener acceso a médicos de cabecera y a servicios básicos de atención primaria, lo que pone en peligro el seguimiento seguro de sus embarazos.
OVO PT denunció además la denegación de acceso a la atención sanitaria a las mujeres inmigrantes, citando informes de denegación de servicios, barreras administrativas e incluso obstrucción física para entrar en los centros de salud. Estas prácticas, argumentó la organización, son "profundamente discriminatorias" y constituyen "una violación del derecho humano fundamental a la asistencia sanitaria."