Durante el debate sobre el Programa de Gobierno, que tuvo lugar en el Parlamento de las Azores en Horta, Bastos e Silva indicó que las tres subvenciones investigadas por Bruselas, por valor de 73 millones de euros, habían sido consideradas "ayudas públicas ilegales" porque "no obtuvieron autorización previa" de la Comisión Europea.

"La decisión ha sido transmitida con mucha claridad, de forma que permita construir una solución que no arrastre a la empresa a la quiebra", continuó el gobernante, agregando que continúan las negociaciones con el ejecutivo comunitario sobre el asunto.

La decisión de la Comisión Europea fue comunicada al ejecutivo el 4 de diciembre, añadió.

El secretario regional argumentó que "habría sido democráticamente esencial conocer la decisión de Bruselas antes de las elecciones del 25 de octubre" en el archipiélago, de modo que "los actos políticos y de gestión erróneos realizados en el pasado se habían juzgado democráticamente".

Continuó diciendo: "Sin embargo, es una expresión en este Parlamento de la vehemente censura de la forma en que la empresa ha sido dirigida en los últimos años, con incompetencia, imprudencia, en una palabra, irresponsabilidad".

El dirigente del PS/Açores y ex jefe del Gobierno Regional, Vasco Cordeiro, preguntó al secretario regional si podía poner la decisión a disposición de los parlamentarios, diciendo que Bastos e Silva cedió a la "tentación" de mantener la decisión durante unos días para anunciarla sólo el 9 de diciembre.

A mediados de agosto, la Comisión Europea dio "luz verde" a la ayuda estatal portuguesa de 133 millones de euros a la aerolínea azoriana SATA, pero abrió una investigación para evaluar el cumplimiento de las normas de la UE en tres ayudas públicas a la empresa.

Las dificultades financieras de SATA han persistido desde al menos 2014, cuando la aerolínea, propiedad al 100% del gobierno regional de las Azores, comenzó a registrar pérdidas, que se vieron agravadas por la pandemia del covid-19.

Debido a esas dificultades, la Región Autónoma de las Azores aprobó tres aumentos de capital de la aerolínea desde 2017, a fin de compensar los déficit de liquidez.

Es este apoyo público el que Bruselas ha investigado y definido como ilegal, dijo el secretario regional del nuevo ejecutivo azorano responsable de las finanzas.