La nueva ley de residuos, aprobada en diciembre de 2020, establece que no deben crearse subvenciones para las operaciones de gestión de residuos que no sean la prevención, la reutilización y el reciclaje, pero al financiar la quema de residuos reciclables en las plantas de incineración de Lisboa y Oporto el ministro de Medio Ambiente está tomando una decisión "totalmente contraria", acusa Zero en un comunicado.

La decisión de João Pedro Matos Fernandes, añade la asociación, no sólo es contraria a los objetivos de desarrollo de la economía circular y el reciclaje, sino que también es "un obstáculo en la lucha contra el cambio climático", además de ser "socialmente injusta y contraria a la cohesión nacional" (porque no se aplica a todo el país).

Las acusaciones de Cero tienen en cuenta la nueva ley de residuos, y las ordenanzas 244 y 308, de 2020, que fijan la tarifa aplicable a las unidades de incineración, y que se benefician de una tarifa subvencionada, que se irá reduciendo progresivamente hasta el 31 de diciembre de 2023.

Las ordenanzas también establecen sanciones en caso de incumplimiento de los objetivos "que se fijan en el Plan Estratégico de Residuos Municipales (PERSU), concretamente los de desviación de biorresiduos".

En una carta enviada a la ministra de Medio Ambiente el 26 de marzo, Cero expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de "utilizar fondos del Fondo de Medio Ambiente para apoyar los costes asociados a la incineración de residuos urbanos".

Además, añadía, los dos Sistemas de Gestión de Residuos Urbanos (SGRU) peninsulares y los dos autonómicos "que se beneficiarán de estos fondos han obtenido tasas de reciclaje claramente inferiores a los objetivos europeos fijados para 2020, lo que hace evidente que con este incentivo a la incineración no se invertirá, como se debería, en reciclaje".

En la carta, Zero también dice no entender qué significa "desviación de biorresiduos" en el decreto, y por qué sólo se benefician Lisboa y Oporto, así como la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de financiar la incineración.

"En un momento en el que Portugal recicla poco más del 20 por ciento de sus residuos urbanos, ha incumplido los objetivos de reciclaje para 2020 y tendrá que reutilizar y reciclar el 55 por ciento de los residuos en 2025, el 60 por ciento en 2030 y el 65 por ciento en 2035, Matos Fernandes considera adecuado gastar decenas de millones de euros de fondos públicos para fomentar la quema de materiales reciclables", afirma Zero en un comunicado publicado el 16 de abril.

La asociación añade que los objetivos de reciclaje fijados por el Gobierno para los dos sistemas con incineración (Valorsul y Lipor, Lisboa y Oporto) son inferiores a los establecidos para el resto del país, "en un claro proteccionismo a quienes invierten esencialmente en la quema de residuos".

Favorecer a Lisboa y Oporto es una medida injusta en términos sociales y de cohesión nacional, afirma Cero, y añade que el Ministerio de Medio Ambiente, está en "contracorriente" con las políticas europeas del sector, promoviendo "una solución que atenta contra la protección del clima", por lo que la opción ambientalmente correcta es cancelar las ayudas a la quema de materiales reciclables.