João Pedro Matos Fernandes hizo la estimación en una audiencia parlamentaria sobre la gestión de los recursos hídricos en el Algarve, solicitada por el Bloque de Izquierda (BE), que, junto con el PSD y el PCP, criticó la opción de repercutir en los consumidores el coste de las inversiones previstas en el sector.

Está en juego una inversión de 200 millones de euros para mejorar la disponibilidad de agua en el Algarve, una región cada vez más afectada por la sequía y la falta de lluvias, concretamente mediante la captación de agua del río Guadiana desde Pomarão (Mértola, distrito de Beja) hasta la presa de Odeleite (Castro Marim, distrito de Faro) y la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar.

El gobernador recordó que "quien va a promover estos dos proyectos es Águas do Algarve", la empresa que gestiona el sistema intermunicipal de abastecimiento de agua en la región, y destacó que las inversiones están "financiadas al 100%" por el PRL que el Gobierno presentó a la Unión Europea.

Sin embargo, "una empresa, cualquier servicio, tiene que cuadrar sus cuentas entre ingresos y gastos", justificó el consejero de Medio Ambiente y Acción por el Clima durante la comparecencia en la Comisión de Medio Ambiente, Energía y Ordenación del Territorio.

"Teniendo estos y cualquier otra unidad de costes del ciclo urbano del agua -costes energéticos, por ejemplo- está claro que estos costes tienen que ser pagados por alguien", dijo, aclarando que "no deben ser los consumidores urbanos, los que abren el grifo en el Algarve, los que deben asumir estos costes", y que el coste del agua se "estimó" en un adicional de "un céntimo por metro cúbico, a partir de 2026".

Matos Fernandes subrayó que, al tratarse de "un seguro de agua para todas las actividades del Algarve", el coste debería "repartirse de forma equitativa, en una fórmula a discutir, entre todos los usuarios del agua" de la región, una opinión compartida por el diputado del PS Luís Graça, que consideró "prematuro" hablar de costes ahora, cuando aún se están planificando las inversiones.

El diputado del BE por Algarve, João Vasconcelos, criticó, en su intervención inicial como solicitante de la comparecencia, la repercusión de los costes a los consumidores de agua de la región debido a las inversiones previstas en la captación de agua del Guadiana y la desalinización, advirtiendo de que estas soluciones tienen "costes medioambientales".

Los diputados socialdemócratas Rui Cristina y João Dias, del PCP, también se posicionaron en contra de los costes que se cobrarán a los consumidores a partir de 2026, y advirtieron de las dificultades que la solución de Pomarão puede traer a las relaciones con España y a la gestión de los recursos hídricos ibéricos, ya que, desde esa zona del municipio de Mértola hasta la desembocadura del río, el Guadiana marca la frontera entre los dos países.

João Pedro Matos Fernandes reconoció que el Gobierno tiene que tener en cuenta los acuerdos con España, pero defendió que la captación de agua "tiene menos impacto ambiental" que otras soluciones, como la creación de una presa en el arroyo Foupana, al sur de Pomarão y al norte de la presa de Odeleite.

El diputado del CDS Pedro Morais Soares dijo entender "que alguien tiene que pagar" las inversiones realizadas, pero cuestionó al ministro si se han estudiado otras alternativas a la captación de agua del río hasta Odeleite, como la creación de un azud en Foupana, y quiso saber si ésta es la "mejor solución" o "si se ha evaluado alguna alternativa".

La diputada del PEV Mariana Silva también criticó la falta de adopción de medidas ya previstas en el plan hidrológico nacional para garantizar la resiliencia y la sostenibilidad del suministro de agua, pero que "siguen en un cajón".