La ALEP - Associação do Alojamento Local de Portugal presentó, el pasado miércoles, una petición con 21.325 firmas, lo que garantiza que el tema volverá a debatirse en el pleno. Según la normativa vigente, todas las peticiones firmadas por más de 7.500 ciudadanos se debaten obligatoriamente en el pleno y la programación del debate tiene un plazo máximo de 30 días.

En la petición, que "nace de la preocupación de las personas que trabajan en el alojamiento local, así como de las actividades relacionadas que dependen de él", hay seis propuestas que ALEP espera que sean aceptadas por los partidos.

De entrada, los peticionarios tienen como "propuesta principal" la "eliminación inmediata" de la nueva contribución extraordinaria al alojamiento local, alegando que esta tasa pondrá en peligro la actividad de unos 70.000 operadores y "llevará a la ruina a las familias". ALEP defiende que se trata de "una doble imposición, considerada abusiva y que hará inviable el mantenimiento de la actividad en todas las zonas, llevando al cierre, o incluso a la quiebra, de muchos operadores".

La petición también argumenta que "en lugar de revocar el actual sistema de oposición de condominios, creado en 2018 por la Asamblea de la República", este debería ser "mejorado a través de la introducción de un sistema de mediación o arbitraje, o a través de la creación de la figura del proveedor municipal de AL", de modo que "los registros de AL solo puedan ser cancelados en situaciones en las que se produzcan, de forma reiterada y probada, incumplimientos de las normas de uso del edificio, teniendo siempre la decisión final sobre el cierre que tomar el ayuntamiento".

Los peticionarios siguen mostrándose contrarios a la suspensión de nuevas altas de locales de alojamiento y piden que se mantengan "los mecanismos legales que actualmente existen y que fueron creados a tal efecto" defendiendo que "los ayuntamientos son, por excelencia, las entidades con competencias para gestionar sus concejos y articular las políticas de vivienda con el desarrollo de las diferentes actividades económicas que comparten un mismo territorio".

En cuanto a la creación de un periodo de validez de cinco años para las inscripciones de AL y las fechas para reevaluar la validez de las inscripciones, los peticionarios quieren que, "al igual que ya ocurre en las urbanizaciones turísticas", se cree "un sistema de inspecciones periódicas, que pueden ser incluso cada cinco años, a los establecimientos de AL existentes", para comprobar "si siguen cumpliendo o no con los requisitos legales y reglamentarios a los que están obligados".

ALEP también ha venido impugnando, mediante protestas, las propuestas del Gobierno contenidas en Mais Habitação.