Según la nota difundida, el decreto ley del Gobierno modifica el Reglamento General de Establecimientos Penitenciarios para permitir la instalación de teléfonos en las celdas, "complementando la disponibilidad de cabinas telefónicas ubicadas en las zonas comunes de los establecimientos penitenciarios".

La medida fue aprobada por el Consejo de Ministros el 25 de agosto, y en la nota se explica que el objetivo es "reforzar los contactos de las personas con sus familias y con sus allegados, en condiciones más dignas. Así como dar más intimidad y en las horas posteriores al trabajo y después de que sus hijos terminen el colegio".

El sistema ya ha sido probado en proyectos piloto durante 2020 y 2021 en los Establecimientos Penitenciarios de Linhó, Odemira, Leiria, Santa Cruz do Bispo y Caldas da Rainha, con la instalación de 846 teléfonos fijos. También se ha aplicado en otros países como Francia, Reino Unido y Bélgica.

"El sistema salvaguarda las necesidades de seguridad -sólo permite llamar a números de teléfono previamente aprobados y con la duración establecida por los servicios penitenciarios- y no puede estar disponible en los establecimientos de especial seguridad", dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado, que añadió una "valoración muy positiva de los proyectos piloto implantados y apuntó a la "expansión gradual" a todas las prisiones.