En una comunicación al país, desde el Palacio de Belém, en Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa anunció anoche que disolverá el Parlamento y convocará elecciones legislativas anticipadas, pero con "la garantía de la indispensable estabilidad económica y social que proporciona la votación previa de los Presupuestos del Estado para 2024, incluso antes de que se formalizara la destitución del actual primer ministro a principios de diciembre".

"La aprobación del Presupuesto nos permitirá cumplir con las expectativas de muchos portugueses y supervisar la aplicación del Plan de Recuperación y Resiliencia (PRR) que no impide ni puede impedir que el Gobierno se convierta en un Gobierno de gestión o más tarde con la disolución de la Asamblea de la República", defendió.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2024 está siendo debatido en el Parlamento, con la votación global final prevista para el 29 de noviembre.

La idea tuvo cierta acogida, a pesar de la impugnación del contenido de la propuesta del Gobierno, que en general sólo contó con los votos a favor de la mayoría absoluta del PS, con las abstenciones de PAN y Livre y los votos en contra de PSD, Chega, Iniciativa Liberal, BE y PCP.

El artículo 195, apartado 1, letra b) de la Constitución establece que "la aceptación por el Presidente de la República de la dimisión presentada por el Primer Ministro" es una de las circunstancias que "implican la dimisión del Gobierno".

Sin embargo, la dimisión del Gobierno "por la aceptación de la dimisión presentada por el Primer Ministro" sólo será oficial con la publicación de un decreto del Presidente de la República publicado en el Diário da República.

En casos anteriores, la publicación del decreto tenía lugar el mismo día de la dimisión del Primer Ministro, al día siguiente o una semana después, pero también ha habido intervalos más largos antes de esta oficialización mediante decreto.

Esta oficialización determina el momento a partir del cual, de conformidad con el artículo 186, nº. 5 de la Constitución, "tras su cese, el Gobierno se limitará a la práctica de los actos estrictamente necesarios para asegurar la gestión de los negocios públicos".