En una entrevista concedida a Público y Renascença, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, afirmó que se mantendrá el plazo de dos años para la reagrupación familiar y explicó: "Lo que dice el Tribunal Constitucional es que hay determinados grupos de ciudadanos que requieren un plazo menor o una consideración diferente".

"Buscaremos soluciones equilibradas, manteniendo la regla general de los dos años", añade Leitão Amaro.

En agosto, el Presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, vetó el proyecto de nueva ley de extranjería, después de que el Tribunal Constitucional considerara inconstitucionales cinco disposiciones de la ley, aprobada por los partidos AD y Chega.

Los jueces anularon la norma que autorizaba la reagrupación familiar sólo para los menores, sin sus cónyuges; el periodo mínimo de residencia de dos años; el plazo mínimo para examinar las solicitudes; y el requisito de cumplir las medidas de integración.

En la entrevista, publicada hoy, el gobernador dice que la ley de retorno tiene "un conjunto de procedimientos excesivamente largos".

"Por ejemplo, hay dos fases administrativas diferentes, y en ambas, un periodo de abandono voluntario. Los recursos siempre tienen efecto suspensivo. Los plazos son demasiado largos", reflexiona.

Defiende que todas estas cuestiones deben ajustarse, "en línea con la nueva normativa europea", para que la gente "tenga la oportunidad de defenderse, de ser escuchada, y para que las devoluciones puedan llevarse a cabo con rapidez cuando la gente incumple las normas."

Revela que en octubre, el Gobierno llevará este asunto al Consejo Nacional de Migración y Asilo y, sólo entonces, aprobará el proyecto de ley, con "más celeridad procedimental" y menos fases dilatorias y administrativas.

"Siempre preservando los derechos, prohibiendo las devoluciones a países donde los derechos fundamentales no están garantizados, impidiendo las expulsiones y devoluciones masivas, protegiendo a los menores no acompañados, con toda la cautela y respeto a los derechos fundamentales de las personas", añade el ministro.

Insiste en que Portugal necesita un proceso más rápido, y subraya: "Los que cumplen deben ser apoyados en su proceso de integración; los que no cumplen deben afrontar las consecuencias y ser expulsados."

Preguntado por las declaraciones de Rui Armindo Freitas, subsecretario de Estado de Presidencia e Inmigración, que anunció en junio que se notificaría la expulsión de 40.000 ciudadanos, dice que las notificaciones "están en curso", pero que la cifra dada se refiere a las solicitudes rechazadas, "que poco a poco darán lugar a notificaciones de abandono."

"Las notificaciones de abandono ya emitidas son entre 10.000 y 15.000", reveló.