Chega "estará actualmente disponible para realizar este trabajo con los partidos que apoyan al Gobierno", dijo Luís Montenegro, en declaraciones a los periodistas tras una visita como presidente del PSD al metrobús de Coimbra.
Para el Primer Ministro, "los grupos parlamentarios deben colaborar y cooperar, sobre todo los que están disponibles", para que se pueda encontrar una "solución que sea buena para el país", que regule la inmigración pero que también garantice "la capacidad de integrar con dignidad a las personas que buscan Portugal."
A pesar del diálogo con Chega, Luís Montenegro subrayó que el PSD no cierra "la puerta a nadie".
"Este es un asunto que compete en este momento a la dirección de los grupos parlamentarios del PSD y del CDS-PP, pero naturalmente, como líder de la coalición, no tengo ningún problema en asumir que la puerta está abierta a todos los grupos parlamentarios, especialmente a los de mayor responsabilidad, como el Partido Socialista", dijo.
En este sentido, el líder socialdemócrata afirmó que se dará por satisfecho si el PS puede "concretar la voluntad que anunció de aceptar propuestas que -hay que entenderlo- no van contra nadie, van a favor del país, van a favor de los inmigrantes en particular y van a favor de la economía portuguesa".
Chega anunció hoy que ha formado, junto con el PSD, un grupo con miembros de ambos partidos para negociar cambios en la ley de extranjería, de forma que esta legislación "esté lista para su aprobación" la próxima semana.
La Asamblea Nacional volverá a examinar el próximo martes, en sesión plenaria, las nuevas propuestas de modificación de la Ley de Extranjería, en términos generales, en términos específicos y en la votación final de conjunto, después de que la legislación fuera rechazada por el Tribunal Constitucional.
La nueva propuesta de modificación de la Ley de Extranjería, anunciada este miércoles por el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, entre otros cambios destinados a adecuarla a la Constitución de la República, mantiene el plazo de dos años de residencia válida para solicitar la reagrupación familiar, pero permite varias excepciones, entre ellas para los cónyuges.
El 8 de agosto, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales cinco disposiciones del decreto parlamentario que, a propuesta del Gobierno, pretendía modificar la llamada Ley de Extranjería, la mayoría de las cuales se referían a la reagrupación familiar, incluido el establecimiento de un "periodo ciego de dos años" para la solicitud.
Este decreto había sido aprobado el 16 de julio en la Asamblea de la República, con los votos favorables de PSD, Chega y CDS-PP, la abstención de IL y los votos en contra de PS, Livre, PCP, BE, PAN y JPP.