Según una propuesta del alcalde, Basílio Horta (PS), aprobada en la anterior reunión privada del ejecutivo y a la que tuvo acceso Lusa, se autorizó el "inicio de una licitación pública internacional para la adquisición de un sistema de videovigilancia urbana por 3,8 millones de euros (más IVA)", incluyendo conexión activa y equipos de CCTV (circuito cerrado de televisión), equipos de grabación de imágenes y servidores.

El proyecto consistirá en el suministro e instalación de 144 cámaras de vídeo, incluida la licencia perpetua, el montaje de todo el sistema con alimentación eléctrica dedicada y la configuración de servidores, puestos de operador y un videowall.

Además de la red de fibra óptica, cable híbrido y redes eléctricas, junto con la arquitectura de la solución, redundancias y transmisiones encriptadas, también deberá incluirse un proyecto de construcción de toda la infraestructura, software y licencias, que permita la consulta y extracción simultánea de grabaciones.

El equipamiento tendrá que garantizar la analítica de vídeo, con alertas a los operadores, identificación del flujo de personas, señalización de objetos definidos (armas blancas y de fuego, entre otras) y personas inmóviles, detección de situaciones de riesgo potencial y concentraciones de personas y vehículos en zonas o direcciones prohibidas.

El proceso también incluirá la contratación de servicios de comunicaciones para la comisaría de la PSP en Rio de Mouro y el Comando Metropolitano de Lisboa de la PSP (Cometlis), proporcionando el uso exclusivo del sistema de videovigilancia durante tres años, así como el mantenimiento de los equipos y el software durante el mismo período.

El ayuntamiento supervisará las obras, decidirá sobre la exención de tasas por ocupación de la vía pública, de aproximadamente 33.000 euros, y autorizará el uso de conductos de fibra óptica en intersecciones, cruces y rotondas.

Los 144 lugares con historial de incidentes que serán controlados por videovigilancia fueron identificados en el marco de contratos de seguridad local por el mando de la PSP en Sintra, Algueirão-Mem Martins, Agualva-Cacém, Monte Abraão, Queluz y Rio de Mouro.

Basándose en las consultas de mercado, se calcula que se invertirán 2,583 millones de euros (IVA incluido) en los tres primeros años (hasta 2027), y 1,2 millones de euros (IVA incluido) en los tres años siguientes, incluido el mantenimiento correctivo y evolutivo, señala la propuesta.

El centro de control funcionará en la comisaría de la PSP de Río de Mouro, que actualmente está siendo objeto de un proyecto de mejora y adaptación de sus instalaciones para albergar salas de visualización, investigación y planificación, así como el centro de microdatos, con un coste de 157.000 euros (más IVA), con una redundancia para Cometlis.

La propuesta fue aprobada por mayoría, con el voto en contra del concejal Pedro Ventura (CDU). Éste explicó en declaraciones a Lusa que se opone a la instalación de videovigilancia porque considera que las cámaras "no evitan que se produzcan delitos" y aboga, como alternativa, por la adopción de "medidas de policía de proximidad".

El edil, responsable de Intervención en la Ciudad y Rehabilitación Urbana, añadió que se opone a las iniciativas que promueven "un estado de seguridad" y señaló que las cámaras se instalarán cerca de estaciones de tren que requieren reformas para mejorar la seguridad y la comodidad de los usuarios, en particular en Portela de Sintra, Algueirão-Mem Martins y Queluz.

"Como saben, no soy partidario de la vigilancia electrónica", que "es útil en lugares donde la delincuencia es elevada", admitió el alcalde en una reunión pública anterior. Negó que sea el caso de Sintra y argumentó que es una medida más que se suma a las fuerzas de seguridad, pero que cuando "prescinde de la policía y de las fuerzas de seguridad, a veces no sólo no es útil, sino que incluso es perjudicial."