Los partidarios de la medida la consideran uno de los mayores logros desde la transición del país en 1989 de una economía soviética a un mercado libre, y simboliza el lugar de Bulgaria entre las naciones europeas desarrolladas.


Esta adopción se produce en medio de la agitación política tras la dimisión del gobierno después de las protestas contra la corrupción, que han dejado al país sin presupuesto, y los economistas advierten de que la debilidad del Estado de Derecho puede limitar los beneficios económicos a corto plazo.