La ley se aplica si la mascota ha vivido la mayor parte de su vida con la pareja, y los jueces pueden determinar el régimen de vida y repartir los gastos de manutención si no se llega a un acuerdo. La medida se ajusta a las tendencias internacionales, en las que los ordenamientos jurídicos empiezan a reconocer el bienestar de los animales en el derecho de familia.

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Los legisladores afirman que el cambio refleja unos lazos afectivos más fuertes, ya que las mascotas se consideran cada vez más miembros de la familia. Brasil tiene unos 160 millones de animales de compañía, lo que pone de manifiesto la magnitud de los posibles conflictos. La custodia compartida queda excluida en casos de antecedentes penales o riesgo de violencia doméstica.