El poder ejecutivo califica este proyecto en el río Mondego como una inversión estratégica nacional, ya que cumple funciones fundamentales: garantizar el abastecimiento de agua a las poblaciones locales, generar y almacenar energía, y reforzar la capacidad de control de inundaciones en la región del Bajo Mondego.

Importancia del proyecto

En su intervención en Gouveia, la ministra de Medio Ambiente y Energía, Maria da Graça Carvalho, destacó la importancia del proyecto y señaló que el modelo de negocio tiene como objetivo atraer exclusivamente inversión privada, con unos costes estimados que oscilan entre los 400 y los 500 millones de euros, en función de la capacidad instalada final.

Detalles técnicos

Según los detalles técnicos presentados por José Pimenta Machado, director de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA), la futura infraestructura tendrá una capacidad mínima de 40 MW y un nivel máximo de almacenamiento de 300 metros.

El proceso de licitación establece un plazo de 270 días para que los posibles licitadores presenten sus propuestas, seguido de un período de 60 meses para entregar la propuesta de definición del alcance y el correspondiente estudio de impacto ambiental, y de 18 meses para elaborar el estudio preliminar.

Calendario técnico

Aunque el calendario técnico indicativo de la APA apunta a un horizonte de 12 años con finalización en 2038, la autoridad supervisora aboga por acortar el proceso a ocho años, fijando 2034 como fecha objetivo, siempre que todas las fases se desarrollen sin contratiempos administrativos o medioambientales.

El modelo de adjudicación se basa en la selección de la propuesta económicamente más ventajosa, dando prioridad a la mayor rentabilidad financiera sin fijar un precio base, y se ve reforzado por una conexión a la red garantizada y mecanismos de compensación vinculados a la capacidad de almacenamiento.

Sin coste para el erario público

Maria da Graça Carvalho hizo hincapié en que el proyecto no supondría ningún coste para el erario público y destacó la importancia de la colaboración entre la población local y los dirigentes municipales para su éxito.

En caso de que la licitación no consiga atraer ofertas, el Estado no llevará a cabo el proyecto directamente, aunque sigue confiando en el fuerte interés del sector privado por una iniciativa considerada crucial para la seguridad hídrica y la valorización energética del territorio nacional.