"Portugal está cada vez más lejos de cumplir los objetivos medioambientales definidos por la Unión Europea", indica la asociación, que cita cifras de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente según las cuales las tres entidades con licencia para tratar residuos eléctricos y electrónicos recogieron en 2019 solo 52.300 toneladas, aproximadamente un tercio de la media de lo que habían tratado en los tres años anteriores.

También afirma que "las entidades gestoras siguen lanzando nuevas licitaciones con manifiestas irregularidades y sin observar el cumplimiento de la legislación" del sector.

En cuanto a los operadores, han realizado "grandes inversiones en instalaciones de clasificación, recuperación y reciclaje" que ahora están infrautilizadas, situación "agravada por la exportación [de residuos] a otros países".

La AEPSA subraya que Portugal incurre en "graves sanciones y consecuencias" por no cumplir los objetivos y que estos residuos contienen "sustancias altamente tóxicas" que liberan al medio ambiente si no son tratadas.