La organización internacional advierte de que la situación ha empeorado con la revocación de algunas de las medidas del programa "Mais Moradia", implantado por el Gobierno para paliar la escasez de vivienda digna y asequible.

El informe, publicado en Bruselas y que abarca 150 países, citado por la agencia de noticias Lusa, señala que la eliminación de disposiciones como la congelación de los alquileres y la regulación de los alquileres de corta duración podría tener efectos negativos directos en el acceso a la vivienda, agravando aún más la crisis existente.

Según datos citados por Amnistía, casi el 13% de la población portuguesa vive hacinada. Entre las personas en riesgo de pobreza, la cifra asciende al 27,7%, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los grupos más desfavorecidos. Además, la Inspección General de Finanzas estimó en junio que el 60% de los inquilinos no gozan de seguridad de tenencia, lo que significa que viven con el temor de perder sus viviendas o de enfrentarse a fuertes aumentos del alquiler.

A pesar de los recientes cambios legislativos, Amnistía destaca que éstos no han ido acompañados de soluciones alternativas efectivas que garanticen el derecho a la vivienda. La organización considera preocupante el impacto que podrían tener estos cambios, especialmente en un momento en el que la crisis de la vivienda se deja sentir con mayor intensidad en las grandes ciudades y en las regiones turísticas.