En un gesto poco habitual, Portugal ha desafiado públicamente a la Comisión Europea, expresando sus reservas sobre la propuesta de revisión de la Directiva relativa a los impuestos especiales sobre el tabaco (DET). La posición de Lisboa, expresada por el Ministerio de Finanzas, advierte de los riesgos de aumento del comercio ilícito, pérdidas anuales de ingresos de hasta 1.500 millones de euros y erosión de la autonomía fiscal de los Estados miembros. Junto a países como Grecia, Rumanía, Suecia y Bulgaria, Portugal se encuentra ahora en el centro de una creciente resistencia a una medida que, bajo el pretexto de la salud pública, amenaza con centralizar el poder fiscal en Bruselas, haciendo caso omiso de las particularidades económicas, culturales y sociales de los Estados miembros de la UE.

La propuesta TED pretende armonizar la fiscalidad de los productos del tabaco, equiparando los cigarrillos tradicionales a alternativas de riesgo reducido como los vapes, las bolsitas de nicotina y el tabaco calentado. Estas alternativas, adoptadas por millones de europeos como herramientas para dejar de fumar, tienen un impacto significativamente menor en la salud pública, como confirman estudios científicos, entre ellos el de la Red JAMA, que demuestra que el vaping puede ser una herramienta eficaz para dejar de fumar al reducir la exposición a los compuestos nocivos generados por la combustión de los cigarrillos.

Sin embargo, la Comisión insiste en gravarlos como si fueran equivalentes a los cigarrillos de combustible, ignorando las pruebas y penalizando a quienes buscan opciones menos nocivas. Peor aún, propone drásticas subidas de impuestos de hasta el 790% sobre las bolsitas de nicotina, incluido el snus blanco sueco, con el objetivo explícito de recaudar ingresos para el presupuesto de la UE a expensas de las haciendas nacionales.

ElGobierno portugués emitió un duro comunicado en el que expresaba su preocupación por que estas nuevas normas no sólo perjudicaran la salud pública al desincentivar el cambio a productos menos nocivos, sino que también alimentaran el mercado ilícito. Se trata de una preocupación fundada, dado que la experiencia de países como Francia e Italia demuestra que los aumentos bruscos de los impuestos sobre el tabaco han provocado un aumento del contrabando, con redes ilegales que operan totalmente al margen del control sanitario o fiscal.

Igualmente imposible de ignorar es el intento subyacente de armonización fiscal. La creación de un impuesto europeo bajo el pretexto de la salud pública desviaría ingresos de las arcas nacionales. En el caso de Portugal, podrían perderse hasta 1.500 millones de euros anuales, y el Ministerio de Finanzas fue inequívoco al afirmar que, en tales condiciones, el TED es sencillamente inaceptable.

Portugal se une así a otros países que ya han expresado su preocupación, cada uno desde su realidad. Suecia, por ejemplo, está a la cabeza de Europa en la reducción de daños del tabaco con su modelo basado en el snus y otras alternativas que han llevado el consumo de cigarrillos a mínimos históricos. Llegar a ser "libres de humo" es un objetivo totalmente alcanzable para los suecos sin ninguna intervención externa, pero el TED amenaza con poner en peligro ese progreso imponiendo impuestos desproporcionados.

Grecia y Bulgaria se centran en el impacto económico, ya que ambas cuentan con un importante número de puestos de trabajo y sectores agrícolas e industriales vinculados al tabaco que sostienen a las comunidades locales. Rumanía, que comparte preocupaciones similares a las de Portugal, advierte de las consecuencias presupuestarias y de la desestabilización del mercado interior.

Estas objeciones, distintas pero complementarias, convergen en un punto central: la revisión del TED ignora las realidades nacionales, pisotea la soberanía de los países e impone una solución peligrosa que no alcanza los objetivos que dice perseguir.

Si se aprueba, la DET no será una directiva más. Será un paso decisivo hacia una base imponible para toda la UE, con implicaciones que van más allá del sector del tabaco y abren la puerta a futuras centralizaciones.

La propuesta de DET requiere la aprobación unánime del Consejo de la UE, lo que da a los Estados miembros un poder real para bloquearla. Portugal debería aprovechar esta oportunidad para establecer alianzas con Grecia, Rumanía, Suecia y otros países, formando un frente unido para defender la soberanía fiscal y la coherencia económica. Este es un momento crítico para demostrar que los intereses nacionales no pueden subordinarse a una lógica centralizadora que, aunque se presente con buenas intenciones, ignora las realidades de los 27 Estados miembros.

Para amplificar este mensaje, es esencial que la sociedad civil y los responsables políticos se movilicen. La oposición al DET no puede quedarse en una cuestión técnica; es una lucha por la autonomía, por la capacidad de cada país de fijar sus propias prioridades fiscales y sociales y, lo que es más irónico, por la propia salud pública. Portugal debe seguir dando voz a estas preocupaciones, fomentar el debate público hasta ahora ausente y presionar a Bruselas para que recapacite.

Retroceder ahora sería ceder a una tendencia que instrumentaliza causas nobles y amenaza la soberanía de todos en asuntos futuros. Que esto sea el principio de una resistencia más amplia, en la que los Estados miembros reafirmen su derecho a decidir su propio futuro.