Una auditoría realizada en 2024 por la Inspección General de Finanzas(IGF) descubrió que el 60% de los inquilinos en Portugal no tienen un contrato de alquiler registrado. Organizaciones como la OCDE también informan de que solo el 12% de las familias en Portugal viven en viviendas alquiladas, lo que indica la alta prevalencia de los alquileres informales.

"Estamos hablando de una evasión fiscal generalizada. Los inquilinos no pueden deducir el alquiler a efectos del impuesto sobre la renta y disfrutar de los beneficios fiscales a los que tienen derecho", afirma el presidente de la Asociación de Inquilinos de Lisboa(AIL), Pedro Ventura, citado por ECO, que sugiere la creación de una "autoridad supervisora o reguladora" que vigile el sector, así como una "plataforma" para registrar los contratos de alquiler.