En un comunicado, el sindicato expresó su "total solidaridad" con los colegas de la Agencia de Integración, Migración y Asilo(AIMA) de Ponta Delgada, donde la Policía Judicial(PJ) llevó a cabo registros el jueves.

AIMA anunció, por su parte, el inicio de una investigación interna, prometiendo "plena cooperación" con las autoridades.

El sindicato expresó su "grave preocupación por la imagen de AIMA en los medios de comunicación y entre el público".

"La persistente cobertura negativa no sólo socava la credibilidad de la institución, sino que intensifica la presión sobre los empleados, que trabajan constantemente en condiciones difíciles", declara el comunicado.

El Sindicato de Técnicos de Migración afirma que esta situación perjudica directamente a los ciudadanos extranjeros que dependen de estos servicios y agrava las dificultades existentes.

El sindicato también advierte de "los peligros ligados a la externalización en ámbitos especializados como la inmigración".

"Se trata de funciones que requieren conocimientos especializados, responsabilidad institucional y sensibilidad jurídica, y que no deben infravalorarse ni externalizarse sin una evaluación rigurosa de las consecuencias para la calidad del servicio público y la protección de los derechos de los ciudadanos", afirma el sindicato en su comunicado.

Tras los registros en la delegación de AIMA en Ponta Delgada, la PJ (Policía Judicial) informó, en un comunicado, de que estaba investigando "delitos de abuso de poder, percepción indebida de ventajas y corrupción", realizándose la operación en el ámbito de una investigación dirigida por el Ministerio Público del Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) del Distrito de las Azores.

"Se trata de sospechas de la práctica de actos ilícitos por parte de funcionarios públicos, consistentes en la atribución indebida de prioridad a determinados servicios y a la tramitación de expedientes, a cambio de compensaciones económicas", reza la nota del PJ enviada a las redacciones.