Bruselas, según un comunicado de prensa, ha enviado hoy cartas de notificación -la primera fase del proceso de infracción- a 19 Estados miembros, entre ellos Portugal, por no haber comunicado la transposición completa de la directiva a la legislación nacional, lo que deberían haber hecho antes del 31 de agosto.

Los países afectados tienen ahora dos meses para informar al ejecutivo comunitario sobre la transposición de la directiva.

La directiva (ley europea) en cuestión tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo, promoviendo un empleo más transparente y predecible, y garantizando al mismo tiempo la adaptabilidad del mercado laboral, estableciendo unos derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la UE que tengan un contrato de trabajo u otra relación laboral definida en la legislación, los convenios colectivos o las prácticas vigentes en cada Estado miembro.

Las nuevas normas amplían y actualizan los derechos laborales y la protección de los 182 millones de trabajadores de la UE -especialmente los dos o tres millones que se encuentran en situación de empleo precario-, estableciendo que tienen "derecho a una mayor previsibilidad en cuanto a las asignaciones y el tiempo de trabajo", así como a una información completa sobre el lugar de trabajo y la remuneración.