En declaraciones a Lusa, el ministro independiente Carlos Furtado explicó que la propuesta de modificación del decreto legislativo regional aprobado en abril ya ha sido enviada a los servicios de la Asamblea Legislativa Regional, "con la solicitud de acortar el plazo para ser discutido en comisión", con el fin de detener la medida antes de su entrada en vigor en enero de 2023.

La iniciativa también prevé cambios en la forma de distribuir los ingresos del impuesto, estableciendo que, a partir del 31 de diciembre de 2024 (fecha indicada para la conclusión de la suspensión), el 20% del importe revertirá en las unidades de alojamiento que cobren la tasa, "repartiéndose el 80% restante en igual porcentaje entre los ayuntamientos donde se registre la pernoctación y el Gobierno regional".

Carlos Furtado explicó a Lusa que pretendía "responder a algunas de las críticas que se han hecho a la propuesta aprobada, concretamente por parte de los municipios".

En cuanto a la suspensión, la propuesta de Carlos Furtado propone que sea hasta el 31 de diciembre de 2024.