El plan del ministro Luís Neves incluye el aumento de las multas por exceso de velocidad, conducción bajo los efectos del alcohol y maniobras peligrosas.

Aunque aún no se han definido los importes exactos del aumento de las multas, el objetivo está claro: influir directamente en el comportamiento de los conductores y revertir la "lacra" de la inseguridad vial.

Para aumentar la eficacia de los controles, el Gobierno está estudiando medidas más drásticas, como poner fin al preaviso de las operaciones STOP, una práctica que actualmente permite a los conductores evitar los controles.

Este cambio se integrará en la estrategia "Visión Cero 2030", cuyo objetivo es reducir las muertes en un 50% para finales de la década. Sin embargo, el Ministerio de Administración Interior (MAI) reconoce que el castigo debe ir acompañado de mejoras en las infraestructuras viarias, y ya se ha firmado un acuerdo entre la Autoridad Nacional de Seguridad Vial (ANSR) e Infraestruturas de Portugal para una inversión de 224 millones de euros en la red nacional de carreteras.

La urgencia de estas medidas viene avalada por los alarmantes datos de 2026, que revelan que, hasta esta semana, ya han muerto 133 personas en las carreteras portuguesas, lo que supone un aumento de 35 víctimas en comparación con el mismo periodo de 2025.

El número de accidentes también se ha disparado, superando los 41.000 incidentes registrados.

Ante estos indicadores, la oficina ministerial subraya que "ninguna muerte es aceptable", argumentando que una conducción más prudente y el respeto de las normas son esenciales para proteger a las familias y evitar las tragedias personales que han marcado el inicio de este año.