La confirmación del decreto 81/XV, que aprueba medidas en materia de vivienda, introduciendo varios cambios legislativos, fue posible gracias a la mayoría absoluta del PS, con los votos en contra del PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP y Bloco de Esquerda (BE), y la abstención de Livre y Pueblo-Animales-Naturaleza (PAN), repitiendo la votación global final del programa en julio.

Los partidos de la oposición presentaron más de 320 propuestas de enmienda para su votación en el Pleno, todas ellas rechazadas por los diputados socialistas, acompañados, según los casos, por otros grupos parlamentarios.

El decreto de la Asamblea de la República implica cambios legislativos en materia de arrendamientos, alojamientos locales, inmuebles vacíos e impuestos.

Entre las medidas más controvertidas y contestadas figuran la suspensión del registro de nuevos alojamientos locales fuera de los territorios de baja densidad y una contribución extraordinaria sobre este negocio, el alquiler forzoso de viviendas que lleven vacías más de dos años y la imposición de un límite al valor de los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas que ya estén en el mercado.

El paquete también prevé la exención del impuesto sobre plusvalías para los propietarios que vendan casas al Estado, el fin de los nuevos visados de oro, el aumento de la deducción por personas dependientes en el IMI familiar, cambios en el tipo autonómico de las rentas de la propiedad y exenciones fiscales para los propietarios que retiren sus casas de los alojamientos locales antes de finales de 2024.

La diputada Márcia Passos, del PSD, señaló que las medidas causaban "alarma social" y ya habían provocado "enormes efectos negativos", como la subida del valor de los alquileres y la reducción de la construcción, acusando al Gobierno de quedarse "orgullosamente solo" en la gestión de la crisis inmobiliaria.

Por la izquierda, la diputada Mariana Mortágua (BE) subrayó que "el programa que presentó el Gobierno no resuelve" el problema de la vivienda y acusó al PS de vivir "en otro mundo", y enumeró las medidas que podrían solucionar la crisis: aplicar topes a los alquileres, según ubicación y tipología, obligar a los bancos a rebajar las cuotas de los créditos y prohibir la venta de casas a no residentes.

A pesar del veto al paquete aprobado en el Parlamento, el Presidente de la República promulgó un decreto gubernamental que reforma y simplifica la concesión de licencias relacionadas con la vivienda, advirtiendo Marcelo Rebelo de Sousa que estará atento a la compatibilidad con la seguridad y la calidad de los edificios.

Con esta simplificación, los proyectos arquitectónicos pasan a ser licenciados sólo con base en los términos de responsabilidad de los proyectistas y las entidades públicas serán penalizadas en caso de retrasos en la emisión de los dictámenes.