A principios de este mes, la Comisión Europea hizo varias recomendaciones a Portugal para frenar la crisis de acceso a la vivienda, como el control de los alquileres y nuevos límites a los Alojamientos Locales. Hasta ahora, el nuevo Gobierno dirigido por Luís Montenegro no ha respondido aún a los consejos de Europa en materia de vivienda. Pero el Programa de Gobierno ha revelado una posición contraria a algunas soluciones sugeridas por Bruselas.

En un análisis de la economía portuguesa, la Comisión Europea consideró que las medidas que han aplicado los sucesivos gobiernos de Portugal no han sido eficaces para resolver el problema estructural de la crisis de acceso a la vivienda. Y por eso dejó un conjunto de "medidas duraderas" para controlar el rápido aumento del precio de la vivienda, como el control de los alquileres y una mayor regulación de los Alojamientos Locales, según informa idealista.

El Programa de Gobierno revela, desde el principio, que el control de los alquileres está descartado para el nuevo gobierno de AD, señalando alternativas: "La intervención pública encaminada a la estabilización debería realizarse mediante subvenciones a los inquilinos que lo necesiten, y no mediante un "castigo" generalizado a los propietarios, que a largo plazo pagarían todos", reza el documento.

Además, Montenegro quiere "restaurar la confianza en el alquiler, después de las soluciones erróneas del anterior gobierno [socialista] de control de alquileres o alquiler forzoso, que sólo contribuyeron a aumentar los alquileres y reducir el número de viviendas en el mercado", señala también la publicación.

Alojamiento Local

Respecto a la mayor regulación de los Alojamientos Locales recomendada también por Bruselas, el Gobierno no dice nada en su programa. Sin embargo, cabe recordar que en su primer mandato, Montenegro revocó todas las medidas puestas en marcha con el programa Mais Habitação de António Costa, que aportaba más regulación al sector y transfería estas competencias a los ayuntamientos.

Uno de los principales objetivos del Gobierno de AD es construir 59.000 viviendas públicas hasta 2030, 26.000 de las cuales forman parte del Plan de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, Bruselas dice tener "serias dudas" sobre la capacidad de Portugal para construir estas unidades en el plazo previsto, que finaliza en 2026.

Por otro lado, hay una medida sugerida por la Comisión Europea que está en línea con el Programa del Gobierno. Bruselas dice que las viviendas vacías, desocupadas o infrautilizadas deben ser evaluadas y puestas a disposición, tanto en el sector público como en el privado. Y el Ejecutivo de AD quiere inyectar en el mercado viviendas públicas desocupadas o infrautilizadas, también en colaboración con entidades privadas.