"El problema de otros países es también el problema de Portugal, pero nosotros en Portugal, además de cambiar las normas europeas, nos comprometemos a cambiar la legislación nacional, y en las próximas semanas el país conocerá una propuesta de revisión del régimen de retorno", anunció el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro.

Al término de una reunión de ministros de Interior en Luxemburgo, el funcionario señaló que se trata de "un problema y un desafío que afecta a todos los Estados miembros de Europa", ya que "los gobiernos que se encuentran con ciudadanos extranjeros en situación irregular tienen dificultades para poner en práctica los retornos, voluntarios o forzosos, a sus países de origen".

"Europa puede tener puertas que no están todas cerradas y por las que pueden entrar personas, ya sea a través del asilo o de la inmigración económica, siempre que cumplan nuestras normas. Los que no las cumplen se enfrentan a consecuencias, y las consecuencias son la deportación", subrayó Antonio Leitão Amaro.

Actualmente, la legislación portuguesa prevé el internamiento en centros temporales de quienes entraron ilegalmente en el país, pero establece un periodo máximo de detención de 60 días.

Transcurrido este periodo, si no puede completarse la deportación, el Estado está obligado a poner en libertad a estas personas, aunque el proceso de deportación siga en curso.

Esto es lo que ocurrió en el caso de los ciudadanos marroquíes que desembarcaron ilegalmente en Vila do Bispo el pasado agosto.

Las autoridades portuguesas rechazaron la gran mayoría de las solicitudes, y casi todos los ciudadanos fueron puestos en libertad por haber expirado el plazo legal de detención.

Sistema europeo

En marzo de este año, la Comisión Europea propuso la creación de un sistema europeo común para el retorno de inmigrantes ilegales, que sugiere la repatriación a terceros países seguros y el procesamiento forzoso de los que permanecen ilegalmente en la UE.

Esta propuesta sigue siendo objeto de debate, ya que se calcula que sólo alrededor del 20% de los nacionales de terceros países obligados a abandonar la UE lo hacen realmente, eludiendo a las autoridades y regresando a otros países de la UE.

A su llegada a la reunión en Luxemburgo, el comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner, defendió que la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas(Frontex) debe tener un "papel más fuerte en la seguridad de las fronteras", incluso mediante operaciones con drones (aviones pilotados por control remoto) para "mejorar la gestión del retorno".

El ministro europeo también reclamó la actuación de los países de la UE en el marco del nuevo pacto sobre migración y asilo, asegurando que estas iniciativas ya están provocando un descenso de los cruces ilegales.

"Estamos en un punto de inflexión en la política de migración y asilo, y ya estamos viendo los resultados de nuestro enfoque común en la lucha contra la migración ilegal: los cruces fronterizos han disminuido un 22% este año, tras un descenso del 37% el año pasado."

El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo se adoptó en mayo de 2024 y prevé la lucha contra la inmigración ilegal y la solidaridad obligatoria entre los Estados miembros mediante el reparto de cargas.