Según un informe del Diário de Notícias, las advertencias de Bruselas llevaron al Gobierno a imponer las medidas anunciadas el martes, que incluyen el refuerzo de los recursos humanos, aprovechando la capacidad de la GNR (Guardia Nacional Republicana); la suspensión inmediata durante tres meses de la aplicación del sistema informático Entry Exit System (EES); y un aumento de aproximadamente el 30% de la capacidad de los equipos electrónicos y físicos para el control de las fronteras exteriores.

La inspección en cuestión, según resumió en su momento la oficina del Secretario General del Sistema de Seguridad Interior (SSI), se enmarcó "dentro del mecanismo de evaluación y seguimiento del acervo de Schengen". Entre los aspectos verificados figuran el funcionamiento de los grandes sistemas informáticos aplicables en el marco del acervo de Schengen, en particular el Sistema de Información de Schengen (SIS) y Sirene, los procedimientos fronterizos (de primera y segunda línea), los recursos humanos y la formación, y también el análisis de riesgos.

El equipo de expertos europeos advirtió de deficiencias relacionadas con la baja calidad de los controles fronterizos de primera y segunda línea, así como con las largas colas y los tiempos de espera excesivos, que al parecer alcanzaban las siete horas. Además, señaló que a menudo se estaba llevando a cabo una simplificación de los procedimientos de control fronterizo, en relación con la cual no se había notificado al Ejecutivo comunitario, concluyendo que estas prácticas conducían a una "falta de controles de salida en el paso fronterizo del aeropuerto de Lisboa". Por ello, la Comisión determinó que el Gobierno debía adoptar medidas correctoras, con carácter inmediato, incluida la movilización de los recursos operativos y financieros necesarios. Está previsto realizar una nueva evaluación a principios de año.