La AIMA había emitido por error una orden de expulsión contra una niña brasileña de nueve años que vive en el Algarve desde que tenía ocho meses.

La familia de Beatriz es originaria de Goiânia y ahora reside en Albufeira. El 7 de abril recibieron por sorpresa una notificación de salida voluntaria del territorio nacional, a pesar de que los padres tienen trabajo estable y permiso de residencia permanente.

En un primer momento, la agencia denegó la solicitud, alegando que faltaba un justificante de alojamiento. Juristas y especialistas calificaron este hecho de "grave error" y violación de los derechos del menor, ya que los nombres de ambos niños figuraban en el contrato de arrendamiento presentado por los padres.

Crisis institucional

Este incidente desencadenó una crisis institucional para AIMA, ya que las quejas contra la agencia aumentaron un 36% en el primer trimestre de 2026. La situación reveló fallos administrativos e insatisfacción con la transparencia de los procesos de regularización.

La situación se agravó cuando el nombre del menor se introdujo en las bases de datos del Sistema de Seguridad Interior y del Espacio Schengen.

Violación de la Constitución

Abogados y expertos en derechos humanos argumentaron que la decisión de AIMA violaba la Constitución portuguesa y la Declaración de los Derechos del Niño. El consiguiente clamor público llevó a la agencia a revisar y abordar el caso tras recibir la atención de los medios de comunicación.

Disculpas a la familia

Tras hacerse público el caso, AIMA admitió su error, anuló la orden de expulsión y confirmó que se había aprobado la residencia para Beatriz y su hermano. Las notificaciones se corrigieron en consecuencia.

En un comunicado oficial, la agencia se comprometió a garantizar "la legalidad, coherencia y calidad de las decisiones administrativas", aunque expertos jurídicos piden ahora una investigación interna para determinar responsabilidades.

Consecuencias políticas

Este episodio se produce en un momento delicado, antes de la visita oficial del Presidente Lula da Silva a Portugal el 21 de abril. La inmigración, la xenofobia y la función de las instituciones de acogida centrarán las conversaciones con el Presidente António José Seguro y el Primer Ministro Luís Montenegro.