La situación está atascando los juzgados de lo contencioso-administrativo con denuncias contra AIMA. Esto ocurre al mismo tiempo que la nueva Ley de Nacionalidad está generando una oleada de recursos judiciales por parte de inversores que se sienten defraudados, según informa la revista Sábado.

Raquel Brito, asociada senior del departamento de inmigración de Abreu Advogados, citada por Sábado, afirma que "el proceso de renovación de permisos de residencia para visados dorados está sufriendo retrasos significativos, que se están prolongando durante varios meses".

En un contexto de inercia administrativa, también se están presentando numerosos recursos de amparo de derechos, libertades y garantías, a través de un mecanismo con un plazo legal de 90 días. Algunos de ellos son recomendados por AIMA, pero resultan insuficientes para evitar que las denuncias lleguen a los tribunales, que actualmente tienen 133.000 asuntos pendientes.