"El tratamiento oportuno y adecuado del sufrimiento derivado de una enfermedad grave y/o potencialmente mortal debe estar garantizado en un país que quiere poner la muerte a demanda como una posibilidad", señala la APCP en un comunicado.

Sin esta garantía, la asociación considera que se restringe la capacidad de elección de los pacientes, que pueden verse abocados a "tomar una opción limitante, irreversible e inadecuada que podría ser diferente, siempre y cuando se asegure una atención adecuada para quienes quieran seguir viviendo con calidad y el apoyo de profesionales cualificados".