La nueva legislación que prepara el Gobierno para la construcción modular puede propiciar por fin este cambio, en un momento en que el país se enfrenta a uno de los mayores retos estructurales de las últimas décadas: la falta de vivienda.

Portugal sigue construyendo muy por debajo de lo necesario. La consecuencia es visible y ya no sorprende a nadie. Los precios del metro cuadrado no dejan de subir, lo que aumenta la dificultad de acceso a la vivienda y ejerce una presión evidente sobre las familias y las empresas. El problema no es nuevo, pero se ha tratado con soluciones que a menudo sólo atacan la superficie.

La construcción industrializada aparece aquí como una verdadera oportunidad. No se trata de una tecnología nueva o experimental. Es un modelo que ya se ha probado en varios países europeos, donde permite reducir los plazos de construcción, aumentar la previsibilidad de los proyectos y, sobre todo, ganar escala. Y es precisamente esta escala la que ha faltado en Portugal.

El anuncio de una nueva regulación es, por tanto, una señal importante. Al crear acuerdos marco accesibles a la administración pública y a los municipios, el Gobierno intenta resolver uno de los principales obstáculos del sector: la dificultad de integrar este tipo de soluciones en los procesos de contratación pública y de concesión de licencias. Simplificar, homologar y dotar de previsibilidad son pasos fundamentales para que el mercado funcione.

Pero aquí hay un punto que no se puede ignorar. El problema nunca ha sido la falta de soluciones. El problema ha sido la forma en que el sistema las absorbe.

En la actualidad, muchos proyectos siguen atascados en largos procesos de obtención de permisos, interpretaciones divergentes entre municipios y ausencia de normas claras para las nuevas metodologías de construcción. La construcción modular, a pesar de sus ventajas, a menudo acaba siendo tratada como una excepción cuando debería empezar a verse como parte de la solución principal.

Si esta nueva legislación consigue crear un marco claro y uniforme, podría tener un impacto mucho mayor de lo que parece. Puede acelerar proyectos, reducir costes indirectos y, sobre todo, dar confianza a inversores y promotores para que apuesten por este modelo.

Pero para ello es imprescindible que los ayuntamientos acompañen este cambio. Son ellos los que, al fin y al cabo, tienen el poder de decisión sobre los proyectos. Y son también los que pueden convertir esta oportunidad en un verdadero motor de aumento de la oferta o, por el contrario, mantener el actual ritmo de bloqueo.

Portugal no sólo necesita construir más. Necesita construir más rápido, más eficazmente y con un sistema que funcione.

La construcción industrializada puede ser parte de esta respuesta. Esta nueva ley puede ser el primer paso. Pero, como en tantas otras áreas, todo dependerá de la ejecución.