"La deficiente reforma del Gobierno de António Costa permitió la entrada de inmigrantes irregulares y no contuvo el acceso de organizaciones criminales que explotaban la inmigración ilegal", afirma el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, en respuesta a Lusa, argumentando que el Gobierno debería aprovechar el margen de maniobra que le concede la directiva europea de retorno para introducir cambios fundamentales en el sistema portugués.

"Legado caótico"

El Gobierno ya ha anunciado que pretende revisar de aquí a finales de año la legislación para facilitar la expulsión de extranjeros irregulares, y todo apunta a que se aumentarán los plazos de internamiento y se reducirán las garantías administrativas, en el marco de la anunciada revisión de la directiva europea de retorno, asociada al Pacto por la Migración y el Asilo.

Criticando el "legado caótico" heredado del Gobierno del Partido Socialista, Blanco de Morais señaló los problemas de la Agencia de Integración, Migración y Asilo (AIMA) para gestionar estos procesos, al haber abierto sólo 194 expedientes de expulsión forzosa de inmigrantes indocumentados, pero "sólo una pequeña parte de estos expedientes se tradujeron en salidas efectivas".

"A pesar de que AIMA ha abierto más de 9.000 expedientes este año, el camino hacia la expulsión es largo e incluso kafkiano" porque la legislación es "deficiente y compleja", y está "innecesariamente centrada en las garantías al prever una excesiva judicialización en la expulsión de inmigrantes indocumentados, con segundas instancias de recurso contra las resoluciones judiciales de expulsión, periodos de internamiento temporal excesivamente cortos y falta de medios adecuados para localizar, identificar, detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados".

Acortar plazos

Por ello, el catedrático propone "acortar los plazos legales actuales para la aceptación del acuerdo de salida voluntaria" a un máximo de siete días y, "en caso de negativa o falta de respuesta", ingresarlos en un "centro de internamiento temporal para procedimientos de retorno coercitivo", garantizando su "expulsión expeditiva" si "existe riesgo de fuga u obstrucción al retorno."

En los casos de "incumplimiento de los plazos de salida voluntaria o salida coercitiva", el jurista aboga por la "expulsión expeditiva" y, para evitar casos como el ocurrido con el grupo de marroquíes en verano, propone "ampliar el periodo de internamiento de los irregulares en un centro de instalación de dos a 18 meses, de acuerdo con el límite máximo de la directiva", con evaluación periódica por un juez de primera instancia.

"Operaciones de control"

Entre otras propuestas detalladas, Blanco de Morais aboga por "operaciones de cribado" en las zonas fronterizas, "mayor flexibilidad en la denegación de entrada de acuerdo con lo establecido en el Pacto Europeo" y, en los casos en los que los países de origen se nieguen a recibir a los inmigrantes irregulares expulsados, propone "acuerdos de cooperación" con terceros países, "con los que se llegue a un acuerdo para que puedan garantizar el tránsito."

En algunos de estos terceros países deberían crearse "centros de retorno para inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo que no demuestren inmediatamente persecución o amenaza de persecución", argumentó.

Para superar los problemas del sistema jurídico portugués, Blanco de Morais aboga por la "creación de nuevos tribunales en los juzgados de primera instancia" para abordar la cuestión, el "acortamiento de los plazos de los procedimientos administrativos y de los procesos judiciales correspondientes al retorno forzoso" y un "aumento muy significativo, hasta niveles disuasorios, de las multas a las compañías aéreas que faciliten la entrada, en los aviones, de menores no acompañados e indocumentados, habitualmente utilizados por las redes de inmigración ilegal".

El profesor aboga por la construcción urgente de "centros provisionales de detención" cerca de las fronteras aéreas y portuarias, el refuerzo de los efectivos de la policía de fronteras y el aumento de las investigaciones para "evaluar la financiación de los establecimientos comerciales sin actividad que justifiquen el pago de elevados alquileres comerciales", tratando de "identificar sus fuentes de financiación", entre otras cuestiones.

"Problemática"

En Portugal, como en el resto de Europa, la inmigración es actualmente "una situación problemática", lo que, según Blanco de Morais, se debe a la "evidente falta de control de la afluencia migratoria", unida a una "industria de la inmigración ilegal", con el "apoyo financiero de supuestas asociaciones filantrópicas vinculadas a centros transnacionales de poder económico" y de "ONG implicadas en oscuros desembarcos masivos en las costas mediterráneas".

El jurista habla también del "abuso de las solicitudes de asilo por parte de inmigrantes no perseguidos", de las "crisis en Oriente Medio generadas en parte por el intervencionismo angloamericano y la presión rusa destinada a exacerbar la presión migratoria", o de las "redes de inmigración ilegal patrocinadas por numerosas empresas ávidas de mano de obra barata, apoyadas por oscuros representantes jurisdiccionales", entre otras preocupaciones.

También le preocupan los "fallos observados tanto en la seguridad pública como en el funcionamiento del Estado del bienestar", sin fiarse de las "estadísticas no siempre fiables" de Portugal.

Por otro lado, Blanco de Morais subrayó que "existe una cuestión de identidad natural vinculada a la reacción de la población autóctona ante una afluencia desproporcionada de extranjeros con culturas y modos de vida claramente diferentes".

El jurista afirmó que "determinadas comunidades de terceros Estados rechazan la integración", creando un contexto de "multiculturalismo", con "la coexistencia autónoma de varias etnias, culturas o formas de vida claramente diferenciadas, en un mismo Estado o región, con la derogación de leyes y símbolos estatales".

De este modo, argumentó, "se crean enclaves urbanos o 'microsultanatos' con leyes materiales propias que ignoran la ley y el orden del Estado de acogida".

En el caso portugués, la "fácil obtención de la nacionalidad por meras razones de conveniencia, como La profesora subrayó que la irresponsable legislación vigente hasta 2025 tampoco ayudó a la integración.

En los países europeos, "un amplio sector de la población autóctona e identitaria reacciona electoralmente ante este desorden migratorio, votando a partidos populistas de derechas que abogan por restricciones drásticas del fenómeno", y este ascenso acaba desestabilizando el sistema de partidos y generando inestabilidad, subrayó además.