Lisboa será la mayor beneficiaria, con 41.153,02 euros, mientras que Alvito recibirá la menor cantidad, 325 euros. Las cifras se aplican a los municipios del Portugal continental, y las regiones autónomas aún están por definir.

Según el Jornal de Negócios, el decreto establece por primera vez las contribuciones financieras que los productores de tabaco deben pagar a las autoridades locales. Estas cantidades se calculan en función de cuatro tipos de territorio: urbano, semiurbano, rural y zonas de playa.

Las contribuciones se basan en una propuesta presentada por Único - Associação de Gestão de Plásticos de Uso Único (Asociación de Gestión de Plásticos de Uso Único ), que posee una licencia desde finales de 2024 para gestionar el primer sistema de responsabilidad ampliada del productor de Portugal para residuos de productos de tabaco filtrados.

Este proyecto de ley se elaboró en consulta con la Asociación Nacional de Parroquias y la Asociación Nacional de Municipios Portugueses.

Único es una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las empresas que comercializan productos del tabaco en el mercado portugués, entre ellas BAT, Imperial Brands, JTI, Landewick, Tabaqueira y Electrão. Pedro Nazareth, presidente de Único, afirmó que el cambio central radica en responsabilizar económicamente a las empresas de los residuos generados por sus productos.

Además, se espera que las nuevas normas aboguen por la transparencia de los costes reales de la limpieza urbana, estimados actualmente en unos 300 millones de euros al año en todo el país. Nazaret continuó diciendo que el sistema también podría mejorar la eficiencia, ya que las empresas tendrán un mayor incentivo para conocer los métodos, la infraestructura y los criterios que utilizan los ayuntamientos para la limpieza de las calles.

Sin embargo, las responsabilidades de los productores no se limitarán al pago de las contribuciones, ya que Único refuerza que las empresas adheridas también se comprometen a reducir la eliminación incorrecta de los residuos del tabaco y a colaborar con los municipios en medidas como campañas de concienciación pública.

El decreto también obliga a Único a presentar un estudio nacional sobre residuos de limpieza urbana en 2026 a la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente y a la Dirección General de Economía. Este estudio debe seguir las directrices de la Comisión Europea y cubrir una muestra representativa de municipios, teniendo en cuenta diferentes tipos territoriales y densidades de población.

La muestra debe representar a unos 2 millones de habitantes y recoger datos durante un periodo de 12 meses. Una vez evaluado el estudio y recabadas las opciones de las comunidades autónomas y de la Autoridad Reguladora de los Servicios de Agua y Residuos, el Gobierno estudiará si es necesario revisar las estimaciones actuales de los costes de la limpieza urbana.

La obligación de que los productores de tabaco corran con los costes de gestión del final de la vida útil de los productos del tabaco filtrados se deriva de una directiva europea ya transpuesta a la legislación portuguesa. En virtud de esta legislación, las empresas deben financiar la limpieza de los residuos desechados indebidamente en espacios públicos -incluidas las playas-, así como los costes de recogida, transporte y tratamiento a cargo de los sistemas públicos de gestión de residuos.