Priscila Correa, promotora de una de las peticiones, que contaba con más de 8.000 firmas, recuerda que la ley actual, de abril de 2024, cuenta los plazos a partir de la fecha de solicitud, pero nunca se ha regulado la legislación y, en abril del año pasado, el actual Gobierno anunció que el plazo sólo sería a partir de la fecha de expedición del certificado de residencia.

"La gente no podía hacer una solicitud organizada y universal en las oficinas de registro", y "ahora la ley vuelve a cambiar", porque "estamos en un país en el que el sistema no funciona desde el punto de vista de la administración pública directa al inmigrante", dijo Priscila Correa a Lusa.

La Agencia de Integración, Migración y Asilo(AIMA) es un "organismo disfuncional" y es un ejemplo más de las "disfuncionalidades del Estado portugués" en la gestión de los inmigrantes, donde los retrasos sistémicos son más evidentes.

"Tardamos unos seis años en conseguir una cita y finalmente una tarjeta", porque "ninguno de los plazos se cumple efectivamente".

El decreto sobre el cómputo de plazos permitía "cierta equidad" porque contabilizaba el tiempo desde la solicitud, pero marcar el punto de partida para la asignación de documentos es "no reconocer la ineficacia del Estado."

"Por supuesto, Portugal tiene autonomía para decidir sus leyes, pero que sea legal no lo hace legítimo", consideró el abogado de origen brasileño, esperando que los diputados consideren estas peticiones.

Los retrasos afectan no sólo a los inmigrantes, sino también a los llamados "visados de oro", con "daños reputacionales" para el país, advirtió.

Actualmente, hay "55.000 personas esperando la oportunidad de concertar una cita para el Permiso de Residencia por Inversión (ARI)" y que "invirtieron siete mil millones de euros" en Portugal.

"El dinero ya ha sido entregado al Estado, pero éste no lo ha devuelto en términos de servicios prestados, desacreditando al Estado portugués a los ojos de los inversores", consideró.

"Cambiar este artículo es desenmascarar el pacto entre la extrema derecha y la derecha, donde lo que importa no es la eficacia, sino la segregación", acusó.

La complejidad de las solicitudes de nacionalidad incluye plazos adicionales suplementarios, porque sólo una vez finalizado el proceso los descendientes pueden presentar su solicitud de reconocimiento.

Hay casos de judíos sefardíes con solicitudes pendientes desde mayo de 2021, ejemplificó el abogado, que subrayó que, después, "hay una cadena de otros descendientes que dependen de la primera decisión."

"Todas las solicitudes se pagan y deben cumplirse. No es un favor que hace el Estado, es un derecho", acusó además, criticando también la propuesta del Gobierno de ampliar los plazos máximos a diez años, contados a partir de los permisos de residencia.

En otra petición, la fiscal, Juliet Cristino, pide que "el tiempo de residencia se considere desde el momento en que se solicita el permiso de residencia temporal."

"Dada la modificación en la Ley de Nacionalidad, hay numerosos procesos de nacionalidad pendientes en las oficinas de registro", sin que las personas reciban respuesta.

"La responsabilidad del retraso no recae sobre ellos, sino sobre la insuficiencia de plazas vacantes en la administración pública", escribe el fiscal.

El plazo de "residencia para la solicitud de la nacionalidad portuguesa no tendrá en cuenta el inicio del proceso de legalización", y "esto es tiempo perdido" con "vidas estancadas", dice Juliet Cristino.

Durante la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Derechos, Libertades y Garantías, las dos peticiones se debatirán conjuntamente, y el ponente del proceso será el diputado socialista Pedro Delgado Alves.