El Consejo de Ministros ha aprobado una resolución por la que se autoriza a la Secretaría General del Ministerio del Interior a asumir compromisos plurianuales y realizar gastos para la adquisición de 1.500 dispositivos adicionales de inmovilización eléctrica, conocidos como 'tasers', para la Guardia Nacional Republicana y la Policía de Seguridad Ciudadana, por un importe de 4,3 millones de euros, más IVA, para el año 2026.

Una nota del Ministerio del Interior (MAI) señala que la adquisición de los 'tasers' tiene como objetivo "reforzar la capacidad preventiva y operativa" de la PSP y la GNR.

Según el MAI, la forma en que se distribuirán estas armas eléctricas no letales "es una cuestión de ámbito estrictamente operativo y, como tal, corresponde a las fuerzas de seguridad definir esta estrategia, sin responsabilidad alguna por parte del Ministerio del Interior en este proceso". El Ministerio del Interior (MAI) también informa de que las fuerzas de seguridad recibieron 393 'tasers' en 2017 y 2019 al amparo de la Ley de Programación de Infraestructura y Equipamiento de las Fuerzas y Servicios de Seguridad (LPIEFSS), "no habiéndose realizado ninguna adquisición desde esa fecha."

Según el ministerio dirigido por Luís Neves, el uso de dispositivos de inmovilización eléctrica por las fuerzas de seguridad se basa esencialmente en el concepto de proporcionalidad y uso progresivo de la fuerza, proporcionando a los agentes de la PSP y de la GNR "una alternativa técnicamente eficaz entre la disuasión verbal y el uso extremo de la fuerza letal, salvaguardando, sobre todo, el derecho fundamental a la integridad física y a la vida."

"Los dispositivos de inmovilización eléctrica permiten un mayor control e inhibición del comportamiento agresivo, representando un menor riesgo de letalidad", indica además el MAI.