En el paquete de infracciones presentado en junio, la Comisión Europea afirma que envió una carta de notificación a Portugal y un dictamen motivado a Bulgaria y Polonia por no haber "transpuesto correctamente las normas de la Unión Europea (UE) sobre asistencia jurídica a sospechosos e inculpados".

La Comisión Europea afirma que la legislación europea garantiza "la protección de los derechos fundamentales de los sospechosos o acusados, incluso para las personas buscadas en virtud de una orden de detención europea".

"En Polonia y Portugal, la legislación nacional no garantiza que la asistencia jurídica se conceda sin demora indebida antes del interrogatorio de sospechosos o acusados, o antes de la realización de actos procesales específicos relacionados", afirma.

La Comisión Europea también subraya que la directiva europea exige "que se garantice el acceso a la asistencia jurídica independientemente de la ciudadanía o la nacionalidad".

"Sin embargo, la legislación portuguesa impone condiciones indebidas al acceso a la asistencia jurídica para los ciudadanos extranjeros que no tienen un permiso de residencia válido en un Estado miembro de la UE", indica la Comisión.

La Comisión añade además que la legislación portuguesa "no garantiza claramente el derecho a la asistencia jurídica para las personas detenidas en otro Estado miembro en virtud de una orden de detención europea emitida por Portugal".

La Comisión Europea ha decidido así enviar una carta formal de notificación a Portugal, primer paso de un procedimiento de infracción, que dispone ahora de dos meses para "responder y corregir las deficiencias señaladas por la Comisión".

"A falta de una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá decidir enviar un dictamen motivado a Portugal", segunda etapa del procedimiento de infracción, cabe señalar.