La CMVM, el organismo regulador del mercado de valores portugués, se encargará de velar por el cumplimiento de la normativa una vez que el Gobierno de Portugal haya revisado la ley sobre la paridad de género en las empresas que cotizan en bolsa. Esta medida añade un régimen sancionador formal a las normas sobre diversidad en los consejos de administración ya vigentes, según ECO News.

La ley actual está en vigor desde 2017 para garantizar que al menos el 33,3 % de los miembros de los órganos de administración y de supervisión pertenezcan al sexo menos representado.

Procedimientos de selección más estrictos

Según el proyecto de ley remitido al Parlamento, las empresas que cotizan en bolsa y que no alcancen el umbral mínimo del 33,3 % para el sexo menos representado deberán seguir procedimientos de selección más estrictos para los nuevos nombramientos.

Las empresas estarán obligadas a utilizar criterios predefinidos, como la aptitud, la competencia y el rendimiento profesional, con indicadores claros, objetivos, neutrales y aplicados sin discriminación.

Candidatos con igual perfil

Si los candidatos presentan las mismas cualificaciones, se dará preferencia al sexo menos representado, según ECO News. Solo en caso de razones jurídicamente de peso se permitirá a una empresa elegir a otro candidato.

Si una empresa que cotiza en bolsa incumple estas normas, podría ser sancionada con multas que oscilan entre los 12 500 y los 2,5 millones de euros, según el Código de Valores de Portugal.

Ingresos por sanciones

La propuesta establece nuevas obligaciones de información anual para todas las empresas que cotizan en bolsa, que deberán comunicar a la CMVM el número y el porcentaje de mujeres y hombres que ocupan puestos de dirección. Si no se alcanza el umbral del 33,3 % cuando sea aplicable, estarán obligadas a explicar los motivos y a detallar las medidas adoptadas para subsanarlo. El incumplimiento de la obligación de presentar o publicar dichos informes podría acarrear multas de entre 5 000 y 1 millón de euros.

El proyecto también modifica la distribución de los ingresos por sanciones, de modo que la totalidad de los ingresos procedentes de las nuevas multas se destinará íntegramente al presupuesto del Estado. Actualmente, dichos ingresos se reparten entre la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género, la CMVM y el Estado.